Seis organizaciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina presentaron una denuncia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra Bayer AG, responsabilizándola por los graves daños en el ambiente y los derechos humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica.
La presentación de la denuncia se realizó mientras la empresa realiza su asamblea de accionistas y documenta cuatro casos concretos que muestran los impactos negativos de este modelo agrícola en áreas donde Bayer AG comercializa sus productos ampliamente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y ECCHR demandan a Bayer AG que realice cambios sostenibles en sus prácticas empresariales, con el fin de respetar los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.
La empresa promueve en Sudamérica un modelo de agricultura que ocasiona inseguridad alimentaria, escasez de agua, deforestación extrema, pérdida de biodiversidad, graves consecuencias para la salud y conflictos por la tierra con comunidades indígenas y campesinas.
Argentina
En Argentina la denuncia es por la afectación a la salud en el polo sojero de Pergamino. En 2011 los habitantes empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias, como consecuencias de las fumigaciones. De los resultados de los análisis surgió que los afectados tienen altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en orina.
Brasil
En Brasil, Bayer lidera el mercado de semillas genéticamente modificadas y pesticidas. En un escenario donde el 95% de la soja cultivada en Brasil es genéticamente modificada.
El uso intensivo de pesticidas ha contaminado ríos, alimentos, animales y pueblos indígenas. Incluso, los pesticidas son utilizados como arma química. Esto para confinar a los indígenas en una franja de tierra cada vez más pequeña. Dependientes de ríos y manantiales para acceder al agua, las aldeas reportan enfermedades frecuentes. Vómitos, dolores de cabeza, abortos espontáneos, dificultad para respirar, entre otras, especialmente entre los ancianos y los niños. También reportan la desaparición de especies silvestres de aves, abejas, mariposas, animales cazadores. Del mismo modo, disminución del número de peces en los ríos y pérdida de capacidad de producción de alimentos. Esto por aguas y ríos contaminados, generando daños en la soberanía alimentaria de estos pueblos.
Hay áreas fumigadas con pesticidas al lado de casas o caminos de indígenas. En pruebas de laboratorio se verificó la presencia de glifosato y su principal metabolito, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), en fuentes de agua de las aldeas (Y’Hovy, Pohã Renda y Ocoy).
Paraguay
En Paraguay, en el 2011, varias personas fueron internadas con signos de intoxicación con agrotóxicos. Una de las personas falleció y el caso fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que emitió un dictamen favorable a las víctimas del caso.
Bolivia
En Bolivia, el cultivo de la soja genéticamente modificada ocupa el 50 % de las tierras cultivadas de Santa Cruz. Este departamento concentra 7 de cada 10 hectáreas de tierras agrícolas del país. En la última década (2011-2022), se deforestaron cerca de 436 mil hectáreas de bosque directamente para cultivos de soja. Esto evidencia que el modelo se sostiene gracias a la incorporación permanente de nuevas de tierras a costa de los bosques tropicales y primarios.
“La empresa no ha respondido adecuadamente a los graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente directamente relacionados con su modelo de negocio en la región. Tampoco se han supervisado los impactos del uso de semillas genéticamente modificadas y pesticidas, ni se han tomado medidas adecuadas para prevenirlos y mitigarlos”, afirma Sarah Schneider, experta en agricultura y nutrición mundial de Misereor.
En promedio, más del 50 % de la tierra cultivable de estos países se destina a la soja genéticamente modificada. Bayer asegura ser el líder latinoamericano en la comercialización de semillas de soja resistentes al glifosato y de los pesticidas basados en esta sustancia.
Pronunciamientos
Respecto a la denuncia contra Bayer por daños en el ambiente, Abel Areco, Director de BASE-IS, dice: “Mostramos que, a causa del avance del cultivo de soja, en nuestra región la gente sufre intoxicaciones y enfermedades graves; hay fuentes de agua locales tan contaminadas que no se pueden consumir más; las comunidades indígenas y campesinas son despojadas de sus territorios, afectando sus formas de vida y de alimentación; miles de hectáreas de bosque desaparecen, amenazando a los animales y plantas locales”.
“Las Directrices de la OCDE son claras en establecer deberes de debida diligencia para la cadena de valor descendente, sobre todo en los casos en que se puede prever el mal uso de un producto. Aunque la ley alemana de la cadena de suministro en su versión actual no incluya esta parte de la cadena de valor, Bayer debe cumplir con las Directrices de la OCDE. Pedimos que para la soja transgénica y pesticidas a base de glifosato, Bayer desarrolle políticas de debida diligencia basadas en el riesgo y que consideren el contexto en Latinoamérica para contribuir a una solución a largo plazo”, dice Silvia Rojas Castro, Asesora Legal del ECCHR.
La OCDE dispone ahora de tres meses para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia y apoyar así la mediación entre las partes afectadas y la empresa. Las organizaciones esperan que Bayer responda a la denuncia y participe activamente en la resolución de los daños ocasionados al ambiente y salud.
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