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Corte Constitucional ordena garantizar investidura de Bernardo Arévalo y otras autoridades electas en Guatemala: «Para salvaguardar el orden»

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Este jueves, la Corte Constitucional de Guatemala ordenó a las autoridades electas en los comicios generales de este año tomar posesión de sus cargos en enero, entre ellos, al presidente electo, Bernardo Arévalo.

El máximo tribunal del país centroamericano hizo pública la sentencia, tras la solicitud de un grupo de abogados que plantearon un recurso legal contra los intentos del Ministerio Público de revertir los resultados electorales.

Entretanto, la sentencia se hizo efectiva este jueves 14 de diciembre. La Corte Constitucional detalló en un comunicado de prensa que la finalidad es actuar «conforme su fin último de preservar el Estado de Derecho«.

Asimismo, afirmó que el dictamen busca «salvaguardar el orden constitucional» en el país centroamericano.

En ese contexto, el máximo tribunal guatemalteco solicitó al Congreso «garantizar» la investidura de las autoridades electas, y de Bernardo Arévalo, para el 14 de enero.

Por su parte, los magistrados de la Corte Constitucional instaron al actual presidente, Alejandro Giammattei, a «promover la unidad nacional«.

Podrán continuar investigaciones

La Corte Constitucional en su sentencia señaló que el dictamen «es sin perjuicio» de cualquier investigación que quiera efectuar la Fiscalía.

En este sentido, el Ministerio Público podrá seguir indagando respecto a las «facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias» relacionadas con los comicios.

Con este dictamen de la Corte se pone, presuntamente, punto final a los intentos de la Fiscalía por anular los resultados de las elecciones. Así como dar continuidad a Bernardo Arévalo para asumir el próximo año como presidente de Guatemala.

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre, el Ministerio Público pidió que se anularan los comicios por supuestas irregularidades administrativas del tribunal electoral.

El 11 de diciembre, un grupo de abogados introdujo un recurso legal expresando que la Fiscalía estaba abusando de autoridad. Además, argumentaron que dicha instancia podía estar incurriendo en usurpación de funciones, al tomar decisiones que no le correspondían.


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