El periodista colombiano Juan David Laverde dio a conocer el caso de siete migrantes venezolanos que en 2019 expulsaron de forma arbitraria y dejados a la deriva en el río Orinoco. Todo ello en el contexto del paro nacional que atravesó el país neogranadino para ese año.
En su reporte para Caracol Televisión explicó que en realidad era un grupo de 59 migrantes venezolanos que enviaron a su país natal sin cumplir con el debido proceso.
No obstante, abogados del Consultorio Jurídico y la Clínica para Migrantes de la Universidad de los Andes (Colombia) interpusieron una tutela en representación de 7 venezolanos. Según explica el periodista, ellos son los únicos que se animaron a dar la batalla legal para hacer respetar sus derechos. Al resto de los migrantes no lograron localizarlos.
«El Estado colombiano que además se precia de tener una mano bondadosa hacia el ejercicio de la migración venezolana, acá actuó de forma despiadada. No le importó bajo ninguna circunstancia un mínimo de garantías fundamentales para esas personas», explicó Carlos Mantilla, abogado del caso.
Abandonados a su suerte en un inhóspito lugar
Agregó que estos 7 migrantes venezolanos sufrieron violencia policial y estuvieron retenidos ilegalmente. Además de ser acusados y expulsados por vandalismo sin tener pruebas en su contra, para luego ser abandonados a su suerte en el río Orinoco.
«Los dejaron en la mitad del río. Los dejaron en la mitad de la nada (…) Los montaron en una balsa y los dejaron a la mitad del río allá al otro lado cuando eso es selva. El director entonces de Migración en una rueda de prensa dijo que los dejaron allá con la intención de que les fuera más difícil regresar. Como si no fueran seres humanos«, sentenció Mantilla.
«Nos mandaron acá para que prácticamente nos muriéramos«, relató uno de los migrantes venezolanos.
«A nosotros nos dejaron a la deriva. A mitad de río migración se devolvió y nosotros quedamos a la deriva«, dijo otro de los afectados.
Varios de esos migrantes venezolanos tenían al menos 1 año trabajando en Colombia. Eran el sustento de su familia a la cual tuvieron que dejar en precarias condiciones en el país neogranadino tras ser expulsados.
Irregularidades de este caso
Durante meses el grupo de abogados se dedicó a documentar todas las irregularidades en este caso para desmontar la versión de las autoridades colombianas, sobre que estos venezolanos eran unos «vándalos».
«Lo que estamos asistiendo acá es la construcción de una narrativa del migrante delincuente para justificar una serie de problemas sociales que se estaban presentando. ¿Por qué expulsar a los 59 así? ¿Por qué en la opacidad de un proceso administrativo mal hecho?», cuestionó Mantilla.
La Corte Constitucional de Colombia también revisó este caso. Concluyó que la expulsión fue «arbitraria» y que se desconoció la dignidad de estos migrantes venezolanos.
El periodista Laverde tuvo acceso a una ponencia de los magistrados de la corte que en días atrás se aprobó y ahora está en proceso de recolección de firmas.
«Ninguna justificación parece válida para la manera en que se instrumentalizó el Estado con el fin de despreciar la vida y la seguridad personal de los accionantes», reza el documento.
En otro fragmento se lee «la Corte debe cuestionar con contundencia la deshumanización a la que fueron sometidas al menos 7 personas».
Otra sorpresa
Según relata el periodista Laverde en su reporte, cuando la Corte solicitó a la la Policía Nacional razones concretas y evidencias de las acusaciones por supuesto vandalismo se llevó una sorpresa.
En respuesta a tal solicitud el cuerpo policial respondió que el patrullero encargado de la detención de estos migrantes venezolanos «se encontraba en un período de licencia«.
Es decir, que dos años después de su expulsión ninguno de los afectados tiene una carpeta con las pruebas de su proceso. Por su parte el patrullero que emitió los reportes al momento de la detención tampoco aparece.
Luego de ser notificado el fallo, Migración Colombia contará con 10 días para revisar los casos y conseguir las pruebas que no enviaron a la Corte. De no hacerlo deberá anular las expulsiones.
En este sentido, la Corte también solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigue este caso.
