«Si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, sí.» La frase fechada en 1882 se atribuye a John B. Bogart, editor jefe del New York Sun y suele citarse en las primeras lecciones de periodismo para introducir a los reporteros en el fabuloso mundo de la información modelo norteamericana. Sin embargo, dado que la historia, de choque de intereses entre clases, se ha transformado en «narración», y la información en una mercancía al servicio de los grandes oligopolios, que la gestionan y fragmentan en centros de clasificación globales, el truco es el de transformar los hechos en un freak show, ocultando su origen y causas, para construir «matrices de opinión«.
Venezuela, y antes Cuba, ejemplos de resistencia y perspectiva general, son prueba de ello: cualquier ladrido, emitido para uso mediático por los personajes sobre los que actúa Washington, se multiplica, según los objetivos – mostrar fuerza, conmoverse o convencer – en un rugido, o en el aullido de un animal perseguido, o en el estruendo amenazador de una manada de perros atacante.
El esquema se intensifica, en Venezuela, con cada cita electoral. Cincuenta años después del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973, el imperialismo estadounidense todavía piensa como Kissinger, quien unos meses antes de la victoria de Allende en las elecciones de 1970 dijo: «No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista sólo por la irresponsabilidad de su pueblo«.
Una «irresponsabilidad» que el pueblo venezolano ha asumido desde hace 25 años, votando reiteradamente al socialismo bolivariano, y por ello sigue soportando un asedio multifacético, tan feroz como inútil, definido como «sanciones«.
Un tema, el de las medidas coercitivas unilaterales, que vuelve a presionar, en forma de renovados chantajes o distorsiones simbólicas, en la campaña presidencial para 2024, a través de pronunciamientos de organizaciones internacionales, ONG’s o personajes de la derecha más rancia, que utilizan las plataformas mediáticas puestas a disposición por EE.UU. y Europa.
Y así, mientras la cumbre de los BRICS denuncia esta práctica genocida, destinada a causar sufrimiento a los pueblos para inducirlos a rebelarse contra Gobiernos legítimos, en periódicos y plataformas aparecen entrevistas y declaraciones de «columnistas» que reiteran hasta qué punto se utiliza el instrumento de las «sanciones«. Es esencial inducir al Gobierno bolivariano a ceder el paso a la derecha, para que pueda hacerse con los extraordinarios recursos del país.
Como afirmó recientemente, Trump hubiera preferido apoderarse de los recursos venezolanos con métodos rápidos y sin demasiadas mediaciones, pero la democracia burguesa necesita disfrazar de retórica su verdadera naturaleza, sobre todo cuando tiene que gobernar con otras entonaciones, como ahora con Biden.
Si bien el lawfare, el uso del poder judicial con fines políticos, está muy extendido en América Latina; mientras que los poderes económicos aprovechan todos los resquicios para violar sus propias normas internacionales, llegando incluso a secuestrar y torturar a un diplomático como Alex Saab; mientras que, como se ha visto con Lula en Brasil, Cristina en Argentina o Correa en Ecuador, la derecha en el Gobierno hace un uso extensivo del lawfare para inhabilitar a sus oponentes políticos, se espera que una golpista declarada como María Corina Machado utilice a voluntad las instituciones de el Estado, para repudiarlas o utilizarlas según convenga. La diputada ultra-atlantista fue incapacitada por 15 años no por sus «ideas«, sino por haber liderado la parte más violenta de la oposición venezolana.
Durante la transmisión no. 13 del programa Con Maduro+, en el que ilustró «los cuatro consensos fundamentales para el progreso de la patria, para avanzar hacia el bienestar real de la nación«, el presidente venezolano comentó la existencia de nuevos planes golpistas, confesados por Antonio Ledezma y difundidos en redes sociales. El exalcalde de la Gran Caracas, que huyó a España acusado de traición, conspiración, instigación al delito y asociación para delinquir, es miembro del Consejo Político Internacional de la campaña de Machado.
Ahora es objeto de otra orden de arresto internacional y de un pedido de extradición, emitidos por el Ministerio Público luego de sus declaraciones reveladas en el programa «Factores de Poder» por Patricia Poleo, otra opositora radicada en Miami. Según Ledezma, Machado se encuentra «conversando» con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para pedirles que apoyen acciones de «desobediencia civil« en caso de que el Gobierno quiera hacer cumplir la ley y excluir de la contienda electoral a la precandidata incapacitada que, como siempre, se considera por encima de la ley.
Considerando las repetidas violencias políticas desatadas anteriormente por este sector de la oposición, el presidente Maduro dijo que “la revelación no podría haber sido más explícita. No le bastó con imponer más de 900 sanciones a Venezuela”, añadió. Y explicó que, en reunión con Diosdado Cabello y la dirección nacional del PSUV, se decidió activar más de 4 millones de Cuadrillas de Paz en todo el país. Hombres y mujeres al frente de estas brigadas – afirmó el presidente – garantizarán la unión cívico-militar en todos los rincones de Venezuela.
Y el primer vicepresidente del PSUV reforzó el concepto: «si en Venezuela se produce una acción militar de fuerzas extranjeras, todos aquellos que hayan solicitado una invasión serán considerados enemigos de esta patria y recibirán el mismo trato reservado a los enemigos del país«, dijo Cabello, reiterando que, en todos los países, las leyes se respetan y que si la ley decide incapacitarte durante 15 años, no se puede ignorar.
Por ello, invitó al pueblo a estar alerta para estar preparados para responder a las amenazas de manera efectiva y a tiempo. «No hay nada más violento en el terreno político – añadió el capitán – que anunciar una rebelión militar, pero si digo que responderemos, entonces el violento soy yo: para aquellos medios que censuran, el violento será necesariamente el PSUV”.
Un punto importante, el de la inversión de responsabilidad impuesta por las «matrices de opinión» y repetida en las redes sociales. El presidente Maduro lo enfatizó al anunciar la necesidad de adaptar el lenguaje al nivel del ataque y al de desarrollo tecnológico. «Necesitamos hacer un trabajo de calidad – dijo – y producir contenidos de calidad para influir fuertemente en la opinión pública nacional e internacional, los medios de comunicación, las redes y los muros«.
El objetivo es construir «una nueva mayoría popular, superior a la que ya tiene la revolución, para superar la censura contra el país y dar a conocer la verdad de Venezuela en todos los rincones del mundo«. Para ello, es necesario multiplicar las herramientas de formación ideológica y organización política de las bases populares del país: «somos millones -agregó el presidente-, pero debemos ser muchos más, para ganar siempre las campañas contra la patria que se generan en la red de redes sociales. Necesitamos organizar redes de redes, para superar el veto y la censura contra Venezuela, no es la primera vez que nos silencian”.
En este contexto, Maduro, al igual que Chávez, también hace su parte en las redes sociales, mostrando todas las imágenes de las movilizaciones, para que el pueblo vea su alcance. Y el pueblo chavista salió masivamente a las calles en todos los estados de Venezuela, para mostrar su apoyo al socialismo bolivariano y a su presidente. «Cuando el pueblo está en la plaza – dijo Maduro – hay tranquilidad, hay seguridad«.
Por el contrario, la derecha venezolana no rinde cuentas ante el pueblo, al que impone -según su propia admisión y el objetivo declarado de sus amos estadounidenses- todo tipo de penurias y sufrimientos para que se vuelva contra el Gobierno y avale el fracaso de socialismo en todas sus formas. Por eso, no sorprende el contenido de un video filtrado, difundido por el diputado chavista Pedro Carreño, sobre las primarias opositoras.
Se puede escuchar a María Corina Machado quejarse de la falta de asistencia a sus mítines y a los de los demás precandidatos; confesar su «terror» a un fiasco aún mayor en Caracas; y admitir a regañadientes que en cualquier caso hay que seguir adelante porque «la financiación ya fue desembolsada y todos se beneficiaron”.
Siguiendo con el tema del financiamiento ilícito, ya el 16 de agosto, en el programa «Con el Mazo Dando«, Diosdado retomó una noticia de “Venezuela News” y del portal “Dolar Today”, plataforma económico-financiera dirigida por venezolanos residentes en EE.UU., que durante años ha pervertido el curso del mercado monetario. Diosdado denunció que otra precandidata de la derecha, Delsa Solórzano, habría recibido 3 millones de euros de la fundación alemana «Hanns Seidel«.
Tanto en este caso como tras la difusión del vídeo, ha comenzado el clamor de las plataformas patrocinadas por Washington que, en su afán por desmentir las afirmaciones del chavismo, han puesto de relieve el mecanismo con el que estas redes tóxicas construyen campañas mediáticas basadas en fake news. Noticias falsas contra la revolución, repetidas y relanzadas en una estrategia símil a las «Matryoshkas«.
Los medios europeos se inspiran en estas «fuentes» para denunciar la ausencia de libertad de prensa y la «falta de transparencia» que datarían de la época de Chávez. La lucha contra el latifundio mediático, como parte de la lucha contra los monopolios que privatizan recursos y potencialidades es, por lo contrario, uno de los legados más importantes que dejó el comandante Chávez a la revolución bolivariana y a la lucha de los pueblos del mundo.
En cambio, en muchos países, incluso en aquellos que ocupan una posición alta en la muy parcial Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022, elaborada por la ONG Reporteros sin Fronteras, la propiedad de los medios de comunicación se concentra en manos de unos pocos grandes operadores, quienes controlan la producción y distribución de los diferentes medios, así como la publicidad relacionada.
Una cifra confirmada también por el Informe sobre la libertad de prensa 2023, elaborado por Liberties y relativo a 18 países europeos: Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. Lo que indica un aumento de las agresiones físicas, a menudo por parte de la policía, y de demandas contra periodistas.
El informe también dice que las normas de protección de datos se utilizan para limitar la libertad de información y que la «seguridad nacional» sirve de pretexto para leyes que restringen la libertad de expresión. En Italia, la mayor preocupación está relacionada, por un lado, con los juicios precipitados contra periodistas, que ponen en riesgo sus puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que, en algunos casos, estos procesos han sido interpuestos por personas que ahora desempeñan funciones clave en el Gobierno del país; por el otro, por la «constante politización de la televisión pública, que socava la libertad de los periodistas«.
En definitiva, la información es una mercancía, que se transforma en un arma para defender los intereses del capital. Es entonces obvio que las democracias burguesas de Europa y Estados Unidos prefieren la situación existente en Venezuela antes de 1998, cuando casi todo el espectro radioeléctrico era monopolio de empresas privadas de comunicación, para las cuales la información era un bien que debía regularse bajo las reglas del el «libre mercado«.
El Estado tenía la tarea de observador pasivo, rehén de esos intereses, delegado para asignar espacios adicionales a las empresas privadas y comerciales. No en vano existía un solo canal público nacional, Venezolana Televisión Venezuela (VTV). De esta forma se formó una «opinión pública» a escala de mercado, encaminada a impedir los cambios políticos que se preparaban.
Con la Revolución Bolivariana, y sobre todo después del golpe de 2002, en el que los grandes medios privados jugaron un papel activo junto a las oligarquías lideradas por Washington, se puso en marcha un amplio proceso de democratización de los medios de comunicación que, garantizando el acceso a las clases populares, permitió dar un contenido real al tan cacareado «pluralismo de la información«, promovido pero de hecho negado en los países capitalistas.
Utilizando la desinformación como arma, la guerra mediática ha apuntado, con intensidad sin precedentes, a la figura del presidente Nicolás Maduro, objeto de descrédito diario por parte de esos grandes medios que se llenan la boca con el «derecho de réplica» y con la «libertad de expresión«, pero nunca concedieron derecho de réplica al presidente venezolano, ni se presentaron correcciones cuando las mentiras generalizadas fueron claramente desmentidas por los hechos.
Y ahí está el ataque a la propuesta de Maduro sobre la necesidad de reformular el Sistema de Medios Públicos y la Política de Comunicación para adaptarlo al desarrollo de las nuevas tecnologías y también a la sofisticación que a través de éstas se logra de los aparatos de control ideológico, que sirven para aumentar el nivel de guerra cognitiva y balcanización de los cerebros.
Un debate que el país viene realizando desde hace años, recogiendo sugerencias y propuestas en foros internacionales o en lugares especialmente aptos para este fin, como la Universidad Internacional de la Comunicación, que dirige Tania Díaz.
“Somos libres, escribimos en un país libre y no pretendemos engañar al público”, dijo Chávez el 30 de agosto de 2009, cuando refundó el Correo del Orinoco con las palabras pronunciadas por el Libertador el 27 de junio 1818, al momento de crear el Correo del Orinoco: para contrarrestar la propaganda bélica utilizada por la oligarquía y el imperio español contra las gestas independentistas, a través de las mentiras cotidianas difundidas por la poderosa Gaceta de Caracas.
