«El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este intermezzo surgen los monstruos».
A Gramsci
A medida que avanza su progresiva oxidación, el aparato de control global se vuelve caótico, e incapaz de desenvolverse con el arrogante poderío que mostraba décadas atrás. A pesar de ello, mantiene una confrontación suicida con las redes de cooperación global, que emergen robustas del intermezzo gramsciano.
Parece irónico pero; ese mismo imperio que violenta el derecho internacional y que no acata los mandatos de las organizaciones globales, es también el organismo que manipula los poderes judiciales del planeta, para el sabotaje de la red de cooperación geopolítica emergente.
Con el discurso de guerra a la corrupción, a las drogas, o con la excusa de la defensa de la paz y la democracia; la guerra jurídica, o Lawfare; mantiene los verdaderos intereses económicos, políticos y geopolíticos velados a la opinión pública. De allí que, aunque esta guerra es desplegada esencialmente por la vía jurídica, tiene en las plataformas mediáticas un atributo esencial de su metabolismo.
El lawfare se estructura con la acción de jueces comprometidos con las estrategias de Washington, testigos poco fiables, pruebas forjadas y sentencias prediseñadas. Arranca con una artillería de acusaciones de alto impacto, pero insostenibles, que son recogidas, manipuladas y distribuidas por la red global de propaganda que usa la información, el entretenimiento y la opinión para conducir a la opinión pública hacia la condena moral, anterior a la sentencia.
A través de la mediática imperial, se propagan sus argumentos y fake news, usando el pseudo análisis de especialistas, periodistas, e intelectuales reclutados, se imponen las interpretaciones proclives a los intereses del sector privado estadounidense y a las minorías privilegiadas locales.
Múltiples han sido las formas en las que se ha manifestado la guerra jurídica en nuestra américa; algunos casos emblemáticos muestran sus formas de implementación; cómo la destitución exprés por juicio político del presidente Fernando Lugo en Paraguay, a quien se le permitieron escasas horas para preparar su defensa.
En 2017, el lawfare también se aplicó en la persecución desplegada contra el expresidente Rafael Correa y otras autoridades de su Gobierno, para erradicarlos del mapa político, proscribirlos y privarles arbitrariamente de su libertad, permitiendo la llegada de Lenin Moreno al poder, una ficha de EEUU.
También el lawfare fue usado para dar el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y para inhabilitar a Lula como candidato presidencial en 2018 y abrirle el camino a Jair Bolsonaro en Brasil.
Cómo lo es también, la intromisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones bolivianas de 2019, que forzó a Evo Morales a salir del país, tras la difusión de información falsa, qué busco justificar la persecución penal a Evo, con todo tipo de acusaciones, incluso de terrorismo. Ello permitió el ascenso al poder Janine Añez, otra ficha del departamento de estado yanki.
El abanico de acciones penales abierto contra Cristina Fernández de Kirchner en 2022; con irregularidades procesales y delirantes acusaciones sin sustento; como la del asesinato del fiscal Nisman. Este representa un caso emblemático de lawfare ya que Impidió la presentación de Cristina a la candidatura por presidencia de argentina y le dejó el camino abierto a Milei.
El caso de Venezuela es un capítulo aparte ya que la Guerra Jurídica no ha podido aplicarse desde el interior de las instituciones del estado. Por ello, el departamento de estado yanqui, extendió su espectro táctico, hacia el área jurídica internacional, activando a sus operadores en distintos países y en diversas instancias internacionales, para intensificar la agresión a Venezuela.
En marzo de 2020; Washington ofreció 15 millones de dólares por el arresto del Presidente Maduro y 10 millones de dólares por el Diputado Cabello. Tres meses después, el mismo Departamento de Estado movió sus fichas en África para detener, de manera ilegal, al diplomático venezolano Alex Saab.
Esta jugada se sintetiza en la confesión del exjefe del Pentágono en el Gobierno de Trump; Mark Esper. En su libro “Un juramento sagrado …”; asume que la detención ilegal del diplomático venezolano Alex Saab fue diseñada como lawfare para intensificar el asedio contra Venezuela.
“Bajo la dirección de Maduro, Saab estaba en Misión Especial para negociar un acuerdo con Irán para que Venezuela reciba más combustible, alimentos y suministros médicos”, dice el exfuncionario en su confesión biográfica.
En sus exhaustivos análisis, la abogada e internacionalista Laila Tajeldine; demuestra que “esta acción contra el diplomático venezolano, abre un nuevo capítulo del Lawfare contra Venezuela, pero esta vez violando las convenciones internacionales que protegen a los representantes diplomáticos”.
En este episodio de Lawfare, también se demuestra como los medios se ha mantenido en la primera línea de combate al propagar sostenida y progresivamente una imagen satanizada de Maduro, de Diosdado y de Alex Saab.
Ahora mismo la anulación de las medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela; representa una frente más en el escenario de la guerra jurídica; del mismo modo en que lo es, la intensión de anular nuestro reclamo legal, e histórico; sobre el territorio Esequibo.
Revisar estas experiencias con el lawfare, no permite acercarnos a una muestra del estado de descomposición que presenta la estructura imperial y todo su campo de influencia geopolítico, lo cual puede perfilar su progresiva decadencia.
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