Un juez de la ciudad de Ibagué en Tolima, Colombia, estrenó una ley para reducir las penas de cárcel de mujeres madres de familia en situación de pobreza.
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El decreto concedió por primera vez una libertad condicional tras encontrar que la condenada es una mujer cabeza de familia. Se trata de una madre sentenciada a una corta pena de cárcel por un delito que se considera fue motivado por su pobreza.
La mujer, de identidad privada por seguridad, recibió en marzo de 2023 una pena de 39 meses por hurto calificado y agravado. Es la primera beneficiaria de la ley 2292, denominada de “utilidad pública”, que entró en vigor en septiembre pasado.
El juez evaluó las condiciones de la beneficiaria de la ley. Para eso la madre tuvo que demostrar ser la cabeza de hogar, sus vínculos familiares y la responsabilidad afectiva, económica y social permanente sobre sus hijos.
🔴 #Atención | Se produce el primer caso de aplicación de la ley de utilidad pública que beneficia a una mujer en el Tolima. Un juez de Ibagué, concedió a una madre cabeza de familia privada de la libertad la figura de servicio de utilidad pública, permitiéndole cumplir su… pic.twitter.com/Oe9VAOZqqL
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 4, 2024
¿De qué se trata la ley 2292 de “utilidad pública”?
El Ministerio de Justicia colombiano asegura que la ley de utilidad pública se enfoca en mujeres que cometieron “delitos por su condición de pobreza, pero que tienen bajo su responsabilidad a sus hijos”.
Se trata de una nueva ley que está dirigida a delitos directamente motivados por las condiciones de pobreza. Además, se concentra en madres que asumen su rol familiar y carecen de apoyo en la atención de sus hijos.
Es una ley impulsada por el gobierno actual del presidente Gustavo Petro. También es el primer mecanismo de alternatividad penal con un enfoque de género, una de las iniciativas del gobierno para impulsar un sistema penal más humanista y menos represivo.
Por ejemplo, en este caso se determinó que los escasos recursos económicos del hogar afectan el crecimiento de todos los niños. “Se observa un ciclo de pobreza en la familia de la señora”, dice el documento del juez.
La sentencia además desarrolló el enfoque social de la ley 2292 de “utilidad pública”. El documento también explica que las sanciones penales deben conjugarse con políticas para mejorar la situación de las personas pobres, aunque hayan cometido delitos.
“El castigo no puede buscarse en las formas de perpetrar el ciclo pobreza y de la clase menos favorecida, sino para propiciar un espacio de reconciliación y resocialización entre la sociedad y la penada”, señala el texto.
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