Recientemente en España se hizo público el “Caso Mediador”, una red de extorsión que implica a políticos y empresarios, sobre todo del ámbito ganadero y alimentario, para conseguir privilegios en contratos públicos, ayudas o evitar sanciones.
La trama ya forzó la dimisión del diputado por el Partido Socialista, Juan Bernardo Fuentes, que fue detenido junto a 12 personas más.
A los implicados en el caso se les imputan cargos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Los investigados son políticos, miembros de la Guardia Civil y diversos empresarios.
Se conoce como “Caso Mediador” por el empresario Marco Antonio Navarro, que desempeñó el papel de “Mediador” entre los empresarios y los políticos.
A medida que pasan los días se van conociendo detalles de la trama. Según la investigación, las reuniones se realizaron en lugares tan emblemáticos como el propio Congreso de los Diputados o la sede de la Guardia Civil en Madrid.
Posteriormente, los negocios se concretaban en fiestas que solían realizarse en hoteles o clubs de alterne, donde las prostitutas y las drogas abundaba.
Navarro contó que las empresas implicadas en el caso son Canarias. Eran invitadas a la Cámara Baja donde tenían que pagar una primera comisión de 5.000 euros.
Sin embargo, también se investiga el cobro de “mordidas” a empresas no canarias a cambio de facilidades para instalarse en las islas en la zona especial en la que hay ventajas fiscales.
La investigación arrancó hace un año y salió a la luz pública el pasado 14 de febrero, con la detención de varios implicados. La mayoría de los partidos políticos piden una investigación en el seno del Congreso de los Diputados para determinar cuántos diputados socialistas habrían estado implicados.
