La Procuraduría General de Bolivia informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), denegó las medidas cautelares solicitadas para Luis Fernando Camacho.
De acuerdo a la CIDH, el político opositor que se encuentra en prisión preventiva procesado por el caso «Golpe de Estado I», no cumple con los requisitos necesarios para otorgar dichas medidas.
En una carta dirigida al canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, la CIDH señaló:
«Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares y cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento».
Artículo 25
«En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas».
En ese contexto, desde la CIDH destacaron que en el caso de Camacho, esto no aplica. Lo mismo ocurrió con la expresidenta autoproclamada Jeanine Áñez, en octubre de 2021.
Asimismo, en su carta, la CIDH destaca que la Comisión podrá volver a examinar una nueva solicitud si se presentan hechos nuevos.
Solicitud
La petición de medidas cautelares ante la CIDH la hicieron los legisladores de Creemos, alianza política de Camacho. La solicitud se realizó el 29 de diciembre de 2022, un día después de la detención del político opositor.
Luis Fernando Camacho, está imputado por el caso Golpe de Estado I contra el expresidente Evo Morales en 2019. Sobre Camacho pesan acusaciones de presuntos de delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Además, debe rendir cuentas ante la Justicia de Bolivia por una acusación de violación por hechos sucedidos hace 25 años. Así como la malversación de fondos públicos durante su desempeño al frente de la gobernación de Santa Cruz.
