El diputado opositor José Brito consignó este martes a la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) el informe que identifica a los actores como Juan Guaidó que causaron graves daños a la nación con el robo de activos públicos en el período legislativo precedente (2016-2020). Además, el documento contiene el cálculo de los daños patrimoniales ocasionados a la República por tal acción y por el pedido de sanciones extranjeras.
En este sentido, Brito explicó que se trata de un denso informe de 12 mil folios, producto de una investigación minuciosa. Resume más de mil 300 acciones; al tiempo que especifica que «las pérdidas a la nación en términos globales están por el orden de los 194 mil millones de dólares«.
«No ha existido ni existe ningún país del mundo en que el asedio esté fraguado por sectores políticos bajo la calificación de oposición», resaltó. Tampoco se había usado jamás a un órgano como la AN para un hecho de esa naturaleza, agregó el parlamentario. Todo para perpetrar un «asalto a la República y apropiarse de recursos que están en diversas instituciones financieras internacionales», como hizo Guaidó.
Brito añadió que se identificaron finalmente 442 actores involucrados, de los cuales 203 son exdiputados a la AN, entre principales y suplentes. La otras 239 son personas designadas por Juan Guaidó como embajadores y representantes diplomáticos en varios países. También en un simulado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y órganos del estado usurpados, así como en juntas ad hoc. Dijo que incluso si se revisan «listas secretas» podrían ser mil 600 implicados en total.
En su intervención, el parlamentario explicó que a todos se les convocó a través de diversas vías para que comparecieran ante la comisión especial del Parlamento que él dirige. Hubo quienes lo hicieron, dijo sin especificar quiénes exactamente, y otros que renunciaron a su legítimo derecho a la defensa para un debido proceso.
Asalto a la República
El diputado Luis Brito recordó que el pasado 3 de enero, Guaidó, aprovechándose «hasta de la nocturnidad prolongó un estatuto para la transición. No es más que un asalto a la República».
Denunció que por si fuera poco «nos enteramos que en este momento acaban de expoliar 50 millones de dólares depositados en el Citibank en una transferencia supuestamente para la liberación de Venezuela».
Sugirió que se nombren enlaces especiales con la Fiscalía General y la Contraloría General de la República para que estos expongan el carácter técnico-jurídico del informe. «Muchos de los involucrados son susceptibles a una declaratoria de responsabilidad política», advirtió.
Asimismo, responsabilizó al presidente colombiano Iván Duque de actuar con premeditación y alevosía para apropiarse de la empresa Monómeros, «con consentimiento del G4».
Cerró diciendo que es sabido que él es un opositor las 24 horas del día, pero «no apruebo estos actos criminales de traición a la Patria y tampoco me siento representado por ellos».
Bernabé Gutiérrez, diputado por Acción Democrática (AD), describió el hecho como «la corrupción no de un gobierno electo por el pueblo». Es así como hay que «pedir con firmeza que los órganos legítimamente constituidos comiencen a abrir esa cajas, para que se establezcan responsabilidades. Para que Venezuela toda sepa quiénes son los corruptos, piden sanciones y se están robando los dineros de todos los venezolanos».
Insólita impunidad
La primera vicepresidenta de la AN, Iris Varela, solicitó que el informe entregado se haga público y que el Ministerio Público no espere más tiempo para actuar, «teniendo en su poder las pruebas». «La propia Constitución establece que los informes recabados por la AN en ejercicio de sus facultades fungen como pruebas».
Cuestionó que «hay una insólita impunidad, que si no hacemos algo nos vamos a convertir en cómplices. Yo no quiero ser cómplice de estos bandidos que tanto daño le han causado a la patria».
A juicio de la diputada a la AN, Guaidó y sus cómplices están involucrados en los casos más escandalosos y escabrosos de corrupción, pero además «nos involucraron en una guerra que aunque no ha tenido una acción militar en concreto, sí ha causado un efecto devastador. Porque quién le devuelve la vida a las víctimas del bloqueo, por las acciones solicitadas por Juan Guaidó y su pandilla de delincuentes».
Debieran imponérsele sanciones muy severas, consideró, e impedir que en años posteriores intenten ocupar cargos de elección popular.
En la misma línea, la segunda vicepresidenta, Vanesa Montero, dijo que se trata de una banda de ladrones que robó al pueblo venezolano, que no piensan por sí mismos, que se arrodillan a su amo, el imperio norteamericano. «Ya basta de sufrimiento que ha generado esta ultraderecha a la familia venezolana», solicitó.
