Los abogados de las víctimas de la represión durante las protestas en Perú, podrán interrogar a la presidenta del país Dina Boluarte, debido a que la Fiscalía de la Nación decidió no apelar al recurso para impedirlo.
La decisión del Ministerio Público se tomó el martes 15 de agosto y la medida también involucra al jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Ambos están acusados de los delitos de genocidio y homicidio calificado.
“No tiene sentido que la presidenta esté acusada de genocidio. De ninguna manera hay genocidio y la responsabilidad política no existe. Las instrucciones fueron específicas y desarrolladas de acuerdo con la ley”, dijo el abogado de Boluarte, Joseph Campos.
Por su parte, Carlos Rivera Paz, abogado que representa a los familiares de las víctimas, afirmó que buscará realizar los interrogatorios lo antes posible.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las 67 muertes que resultaron de las protestas, 49 se produjeron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
A comienzos de junio, Dina Boluarte acudió a la Fiscalía para declarar en el marco de la investigación en su contra, sin embargo, se negó a responder a ninguna de las preguntas de los fiscales ni de los abogados de las víctimas, a pesar de que en días previos se aseguró que no se acogería a su derecho a guardar silencio.
Protestas en Perú
Recordemos que intensas protestas convulsionaron Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, para exigir la renuncia de Boluarte. Todo esto, luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Asimismo, las manifestaciones en el país andino se reactivaron en julio con epicentro en Lima y eco en buena parte del país. Movilizaciones que continúan rechazando lo que consideran, es un Gobierno antidemocrático nacido de un lawfare contra el expresidente Castillo.