Abogados de la sociedad civil e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ante la Fiscalía General de la República, por la violenta irrupción en la embajada de México en Quito.
Los abogados solicitaron una investigación exhaustiva y que se le realice la sanción correspondiente contra las autoridades involucradas en el allanamiento a la Embajada de México en Ecuador y los eventos que sucedieron el pasado 5 de abril.
“Debe ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento a la sede diplomática, por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la Embajada, por la privación de la libertad y el secuestro de Glas, asilado, así como por lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, el espionaje y hostigamiento en contra de la sede y por los daños causados”, señala el académico Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del UNAM.
Asimismo, Cárdenas acotó en la denuncia que el exvicepresidente Jorge Glas “fue secuestrado ya que se encontraba asilado en la Embajada”, así como resaltó las detenciones ilegales de funcionarios mexicanos y el espionaje y hostigamiento a sus instalaciones.
Lo sucedido
La problemática inició en el mes de marzo cuando López Obrador habló sobre la situación en Ecuador. Y recordó la violencia que marcó el proceso electoral que padeció el país en el 2023 con el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Lo que a su juicio terminó por cambiar las preferencias y culminó con el triunfo de Noboa.
De esta manera, en respuesta, el Gobierno ecuatoriano declaró persona no grata a la embajadora mexicana Raquel Serur y le dio un plazo de 72 horas para salir del país. Luego, un contingente policial y militar irrumpió en la sede diplomática, donde detuvieron a Glas. Este fue llevado a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’ en Guayaquil, Guayas.
Finalmente, tras la problemática México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Además, el país norteamericano denunció a Quito ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El ente judicial fijó para el 30 de abril y 1 de mayo la celebración de audiencias públicas para tratar la denuncia.
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