El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició este martes el juicio contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro, acusado de promover acciones desde Estados Unidos para presionar a autoridades brasileñas e influir en procesos relacionados con la investigación de la trama golpista tras las elecciones presidenciales de 2022.
La causa es analizada por la Primera Sala del STF, integrada por los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia. La acusación fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que señala al hijo del expresidente Jair Bolsonaro de realizar gestiones en territorio estadounidense para impulsar sanciones contra ministros de la máxima corte brasileña.
Según la investigación, Eduardo Bolsonaro habría mantenido contactos junto al periodista Paulo Figueiredo con autoridades y aliados políticos de Estados Unidos para promover medidas contra integrantes del Poder Judicial brasileño y aumentar la presión sobre las instituciones del país.
Los fiscales sostienen que estas acciones buscaban interferir en los procesos judiciales abiertos contra Jair Bolsonaro y otros investigados por maniobras destinadas a desconocer el resultado de los comicios de 2022.
La denuncia atribuye al exparlamentario los delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción de investigaciones, tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho y atentado contra la soberanía nacional.
Defensa pidió aplazar la audiencia
Antes del inicio del juicio, la Defensoría Pública de la Unión (DPU), que representa a Eduardo Bolsonaro, solicitó el aplazamiento de la audiencia y cuestionó la participación del magistrado Alexandre de Moraes en el caso.
Sin embargo, De Moraes rechazó la petición y afirmó que el reglamento interno del STF permite el funcionamiento de la sala con el número actual de magistrados, por lo que descartó irregularidades en el procedimiento.
Podría enfrentar prisión e inhabilitación política
Eduardo Bolsonaro, quien perdió su escaño en la Cámara de Diputados por ausencias reiteradas a las sesiones parlamentarias, no asistirá a la audiencia y será representado por la DPU.
La defensa argumenta que las actuaciones del exdiputado están protegidas por la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión. También sostiene que las decisiones adoptadas por Estados Unidos corresponden a la soberanía de ese país.
De ser condenado, Eduardo Bolsonaro podría enfrentar penas de prisión y quedar inhabilitado para participar en futuras elecciones, conforme a lo establecido en la legislación brasileña.
