Este lunes 15 de junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvo a dos hombres solicitados por homicidio y estafa en el estado Aragua. La captura ocurrió durante las jornadas de seguridad con fines de disminuir los índices delictivos.
Douglas Rico, director del CICPC, informó por medio de sus redes sociales oficiales que en la ejecución de esta jornada de seguridad, comisiones del cuerpo policial localizaron a ambos delincuentes. Posteriormente, verificaron a los dos hombres en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), que fueron identificados como solicitados.
Inicialmente, comisiones de la Delegación Municipal Camatagua detuvieron a Cirilo Antonio Gallardo Andrade de 43 años, en el municipio San Casimiro, estado Aragua. Esto luego de que el Tribunal Sexto del Circuito Judicial Penal del estado lo solicitara por homicidio ejecutado con alevosía y por motivos fútiles e innobles y agavillamiento. Esto quiere decir que cometió asesinato de una persona a sabiendas, planificándolo para no correr riesgos, por una razón absurda o despreciable, y actuando en grupo organizado.
Mientras tanto, el Juzgado Octavo en función de control solicitó por estafa a Rafael Corrales Tablante, de 37 años, a quien detuvieron en Cagua, municipio Sucre del estado Aragua.
Finalmente, los funcionarios policiales llevaron a ambos sujetos a la Fiscalía General de la República para decidir su situación legal.
Jornadas de Seguridad
Las actuales jornadas de seguridad se estructuran bajo el despliegue de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Se trata de una estrategia que divide el territorio nacional en sectores específicos para garantizar un patrullaje continuo y respuestas rápidas. Estos operativos son ejecutados principalmente por el CICPC y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Además, combinan la vigilancia vecinal con dispositivos dinámicos de saturación en fines de semana y «bloques de búsqueda».
El objetivo prioritario de estas movilizaciones es desarticular células de bandas que se dedican a la extorsión, el secuestro y el homicidio en zonas críticas. Asimismo, busca contener el auge de los delitos informáticos y las estafas virtuales.
A nivel institucional, los balances oficiales defienden que estas acciones sostenidas han logrado una disminución neta en los índices delictivos generales y una mayor capacidad de respuesta policial en tiempo real.
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