El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado un enorme revuelo al pedir una intervención militar internacional en Venezuela. Este llamado a la acción fue realizado desde la frontera colombiana, en Cúcuta, donde Uribe instó a que fuerzas extranjeras desalojaran del poder al presidente Nicolás Maduro, quien recientemente asumió un tercer mandato.
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Este discurso, respaldado por sectores de la oposición venezolana, como Leopoldo López, pone en evidencia la conspiración del dirigente del partido Centro Democrático, que ha buscado, desde hace años, desestabilizar al gobierno de Maduro. Uribe, al frente de esta iniciativa, ha mostrado nuevamente su desprecio por la soberanía de Venezuela, reiterando su propuesta de intervención.
El exmandatario colombiano ha optado por incitar a una intervención extranjera que muchos consideran un acto de injerencia inaceptable. La respuesta del presidente venezolano fue contundente, calificando las declaraciones de Uribe como un grave ataque contra la democracia en Venezuela y llamando a la comunidad internacional a no apoyar semejante propuesta.
La solicitud de intervención militar de Uribe también se alinea con su histórico apoyo a acciones paramilitares y sus estrechos vínculos con sectores de la mafia y el narcotráfico. En diversas ocasiones, se ha señalado a Uribe como uno de los principales responsables de la violencia y el paramilitarismo en Colombia. Su influencia sobre la oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, sigue siendo un tema de preocupación en la región.
Presidente Maduro condenó la injerencia
Tras esta agresión contra Venezuela, el mismo presidente Nicolás Maduro no dudó en condenar las palabras del expresidente colombiano con profundos vínculos paramilitares, narcotraficantes y criminales. Tras el contundente rechazo el presidente venezolano, el partido de Uribe, cínicamente pasó de la agresión al victimismo por el rechazo categórico que generó el llamado a la intervención militar contra Venezuela.
Reacciones internacionales ante el llamado de Uribe
El llamado de Uribe a una intervención internacional fue rápidamente condenado por diversos sectores de la sociedad, tanto dentro de Venezuela como fuera de sus fronteras. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró en contra de las declaraciones del expresidente, subrayando el peligro que representaba para la estabilidad regional.
A nivel internacional, muchos gobiernos han alertado sobre los riesgos de una mayor injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
Otro fracaso en su historial: Uribe y su apoyo a la extrema derecha venezolana
Durante una fracasada y escueta manifestación a favor de María Corina Machado, liderada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, ha desatado críticas por la presencia masiva de su esquema de seguridad.
«Lo que vimos no fue una manifestación genuina, sino un acto protagonizado por escoltas del señor Uribe», expusieron en medios de comunicación.
Costoso esquema de seguridad del expresidente Uribe
A pesar de los ajustes que ha experimentado a lo largo de los años, el sistema de protección del expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue siendo considerablemente robusto, implicando un gasto anual de aproximadamente 20 mil millones de pesos, financiado por los contribuyentes colombianos.
Según investigaciones del año 2013, el esquema de protección de Uribe involucraba a más de 300 personas, apoyadas por un importante despliegue logístico: 14 vehículos blindados, 35 vehículos de apoyo, 45 chalecos antibalas, 177 pistolas semiautomáticas y 37 fusiles de largo alcance, entre otros elementos. En aquel entonces, la Policía Nacional destinaba la mayor parte del presupuesto a este fin, con más de 10 mil millones de pesos, seguida por el Ejército, con cerca de 3 mil millones de pesos.
En 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia dictó una medida de aseguramiento contra Uribe, este se estableció en su finca «El Ubérrimo», ubicada cerca de Montería. Este lugar, conocido por ser espacio de descanso familiar y centro de estrategia política, contaba con tres anillos de seguridad que impedían el acceso a personas no autorizadas. Aunque durante la administración de Juan Manuel Santos se redujo el esquema a 65 personas y 12 vehículos blindados, la administración por Iván Duque, optó por retomar el esquema de 2013.
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