En Brasil, varios estados agroganaderos están intentando desmantelar las protecciones forestales, lo que contradice los esfuerzos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para preservar la selva tropical. Estos intentos surgen ante la presión de ganaderos y productores de soja, quienes buscan expandir la agricultura y talar árboles.
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“Estamos detectando una ola de retrocesos bien coordinada. Los esfuerzos para reducir la deforestación siguen siendo muy frágiles en algunas regiones”, advirtió la directora Ejecutiva del Instituto Centro de Vida, Alice Thuault.
Actualmente, los nueve estados amazónicos gestionan casi 564.000 kilómetros cuadrados de tierras de conservación, esenciales para la protección de los bosques.
En este contexto, un ejemplo es el estado de Acre, donde una ley aprobada el pasado mes de agosto permite la privatización de casi 900 kilómetros cuadrados de bosque protegido. Esta ley busca legalizar la situación de comunidades que se han instalado ilegalmente en áreas de conservación, lo que flexibiliza las protecciones existentes.
Asimismo, el presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Acre, Assuero Veronez, afirmó que “cuanto más bosque, más pobreza”.
Además, en Rondonia, el Gobierno local intentó anular 11 unidades de conservación y reducir otras dos, tras incendios que destruyeron 1.730 kilómetros cuadrados.
Finalmente, según el Instituto Centro de Vida, entre agosto de 2022 y julio de 2023, la deforestación acumulada en la Amazonía y el Cerrado de Mato Grosso alcanzó 2.506,2 kilómetros cuadrados, siendo el 73 % de estos casos ilegales.
Con información de: TelesurTV.
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