El Fiscal General de la República Tarek William Saab, presentó un informe ante el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado que reúne los avances de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público por los hechos de violencia ocurridos tras el proceso electoral en el que resultó reelecto el presidente de la República Nicolás Maduro.
Desde la sede de la Cancillería, el también presidente del Consejo Moral Republicano destacó este 12 de agosto que estas acciones desatadas durante los días 29 y 30 de julio demandaron “acciones firmes y contundentes” por parte de los organismos de seguridad. Estas acciones lograron oportunamente mantener el orden y la paz social.
Sin embargo, William Saab refirió que durante el período que duraron las protestas violentas se produjo la muerte de 25 personas. Entre estos decesos se encuentran dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ocurridos en los estados Aragua y Nueva Esparta.
Experticias y diligencias
La autoridad máxima del Ministerio Público enfatizó que todas estas muertes pueden ser atribuidas hasta ahora a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los llamados “comanditos”. Esta aseveración fue posible luego del levantamiento de la información de cada uno de los casos y la realización de 686 experticias y diligencias de investigación, de las cuales 594 corresponden a experticias y diligencias criminalísticas, así como 92 experticias forenses.
Precisó que esta afirmación está sustentada en 31 tipos distintos de experticias realizadas que incluyen inspección técnica al sitio del suceso, inspección técnica al cadáver, entrevistas y necrodactilia. De igual forma, se realizó el levantamiento planimétrico, trayectoria balística, reconocimiento técnico balístico, experticias biológicas y experticias químicas.
Otras de las labores científicas ejecutadas fueron pesquisas digitales, análisis telefónico, colección de registros fílmicos, levantamiento del cadáver y protocolos de autopsia, entre otros.
En cuanto al número de casos, detalló que en el Área Metropolitana de Caracas y en Aragua ocurrieron un total de siete fallecidos en cada región.
Detalló que también se produjeron muertes en otros estados como Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia.
Destacó que 68% de los homicidios (17 casos) sucedieron entre las 6 y las 10 pm del día 29 de julio. En este sentido, informó que el Ministerio Público designó a cinco fiscales nacionales con competencia plena para dirigir las investigaciones.
Centros de estudios
En esta oportunidad, el Fiscal General hizo un balance de los daños causados por los “grupos terroristas” que se desataron los días 29 y 30 de julio. En este sentido, especificó que en el sistema educativo fueron atacadas 21 escuelas de educación primaria, siete de educación inicial, 34 liceos y 12 universidades.
Sobre instituciones, dijo que resultaron atacadas 10 sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en igual número de estados, 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la sede principal del Ministerio de Vivienda y Hábitat, así como las alcaldías de Carirubana, Quíbor y Sotillo, entre otras.
Con relación al transporte público, indicó que se atacaron 11 instalaciones del Metro de Caracas, un tren en valencia y 38 unidades de autobús.
Agregó que fueron destruidas también 12 patrullas y 15 motocicletas de cuerpos de seguridad.
“Esto no tiene nada que ver con una manifestación pacífica, como han querido expresar en algunos lugares del mundo”, expresó el Fiscal General.
En lo que respecta al sistema de salud, mencionó que se atacaron seis Centro de Diagnóstico Integral, un centro de salud, 30 ambulatorios y una farmacia móvil.
Igualmente, añadió los ataques contra seis centros de almacenamiento de alimentos, 10 sedes de comando de la policía y una estación de radio.
Monumentos y símbolos culturales
En lo que respecta al mobiliario público, símbolos culturales y políticos del país, destacó el ataque a 27 monumentos y estatuas. Entre estos elementos de referencia histórica está la del Libertador Simón Bolívar, la del presidente Hugo Chávez, el cacique Coromoto. Así como el monumento del beato José Gregorio Hernández y diversa cantidad de plazas.
Además, resaltó que ocurrieron ataques cibernéticos contra 25 dominios nacionales de diferentes Instituciones del Estado, entre el que destaca el ataque al Sistema Patria.
“Vamos a detallar la parte más cruel, espantosa y escalofriante de estas acciones terroristas instrumentalizadas por los llamados comanditos. Que tuvieron como consecuencia un saldo de 25 asesinados y 192 heridos con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes varios y bombas incendiarias”, apuntó Saab.
Grupos «comanditos»
En la exposición, destacó en principio cuatro casos emblemáticos “que nos hablan del tipo violencia basada en el odio que se ejerció durante estas 48 horas de terror”.
En tal sentido, habló del caso de Mayaury Coromoto Silva Vielma, de 49 años de edad. La víctima se desempeñaba como jefa de calle y jefa de UBCH de su sector. Además, trabajaba en el área de servicios públicos de la Alcaldía Santiago Mariño, en el estado Aragua.
Especificó que el pasado el pasado 3 de agosto en la noche, en Turmero, Silva se dirigía a su vivienda, después de participar en una concentración de apoyo al gobierno junto a su hija, su nieta y cinco vecinos, cuando fue interceptada por Raifer Eduardo Seija Núñez, quien le disparó tres veces y luego huyó en una moto con la ayuda de otros dos hombres.
William Saab aseguró que la investigación determinó que los involucrados actuaron por órdenes y bajo pago de Fernando Venancio Martínez para darle muerte a la víctima.
Explicó que Fernando Venancio vive en el mismo sector que Silva y constantemente amenazaba a los vecinos para apoderarse de tierras para expandir sus siembras. Por esta razón tenía constantes problemas con la líder revolucionaria, quien era la única persona que no le permitía apoderarse de terrenos.
William Saab contó que luego de ser aprehendido, Raifer Eduardo Seija manifestó que Fernando Venancio Martínez les pagó tanto a él como a Johan Enrique Rodríguez y a Pablo Alirio, para asesinar a la jefa de calle. Además, Josley de Lourdes Ramírez lo llamó para avisarle cuando la hoy occisa salía de la concentración.
Como resultado de la investigación, informó que se decretaron órdenes de aprehensión contra Pablo Alirio Reyes y Josley de Lourdes Ramírez. También son solicitados por este caso Fernando Venancio Martinez, Raifer Eduardo Seija y Johan Enrique Rodríguez.
Agregó que tanto el autor material como el autor intelectual y la informante están detenidos.
Efectivos de la GNB
En la exposición, William Saab habló sobre el caso del sargento primero de la GNB José Torres, quien acudió a realizar labores de orden público en la avenida Bolívar de Maracay, cuando grupos violentos efectuaron disparos contra los funcionarios.
Ante tal situación, Torres recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte. Reveló que las investigaciones han permitido identificar y detener a Reiner José Márquez Velásquez como el autor de los disparos.
En otro hecho, narró que el 30 de julio de 2024 Carlos Alexander Carreño, bajo los efectos del alcohol y “por razones de intolerancia y odio”, arrolló al funcionario de la GNB Jorman Martínez. Este se desplazaba en un vehículo tipo moto en la ciudad de Porlamar, cuando realizaba labores de patrullaje en la zona.
Resaltó que las acciones inmediatas de los organismos de seguridad lograron la aprehensión del victimario, quien se encuentra detenido.
En El Callao
El Fiscal General mencionó que en la población de El Callao, Cirila Gil fue asesinada brutalmente por asesinos ya identificados, que actualmente se encuentran prófugos.
Precisó que La víctima presentó 48 heridas en región de la cabeza, con características cortantes y contuso-cortantes, “lo que nos habla de una acción aberrante de violencia extrema”.
“Este caso resume lo más escalofriante, brutal y terrorífico de los crímenes de odio ejecutados por la extrema derecha al 28 de julio”, expresó William Saab.
Otros casos
Saab enumeró otros fallecidos en Caracas por disparos, los cuales fueron efectuados por integrantes de grupos delictivos.
En este sentido, citó el caso de dos jóvenes que murieron en El Valle por presuntos integrantes de la banda del sector el 70, identificados por alias ampliamente conocidos que se encuentran registrados en SIIPOL.
Heridos
Asimismo precisó que el Ministerio Público contabilizó un total de 192 personas heridas en los hechos violentos hasta el 2 de agosto.
De este total, 97 heridos pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado. Entre ellos se encuentran 58 de la Policía Nacional Bolivariana, 32 de la GNB, seis de policías estatales y uno del Cicpc.
Como consecuencia, la máxima autoridad institucional denunció la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a “que se quiere atribuir una investigación que no le compete y no le corresponde. Que ya el Ministerio Público tiene desarrollada en tiempo real”.
“Yo no he visto una Misión de Determinación de Hechos. Por ejemplo, para que la ONU investigue el genocidio y exterminio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en Gaza y ejecutados por el Estado de Israel”, reclamó Saab.
Herederos
William Saab agregó que los grupos violentos que se han querido instalar en el país quieren imitar al Ku Kluz Klan. Este nació en 1865 por seis jóvenes que combatieron en las filas confederadas durante la guerra civil estadounidense.
Explicó que esta organización era un grupo supremacista de extrema derecha, que se dedicó a aterrorizar y matar. Primero a afrodescendientes y después a personas judías, católicas, homosexuales, sindicalistas, comunistas. Hasta personas blancas que defendían los derechos de las personas negras y cualquiera que no encajara en la ideología de supremacismo blanco.
“Por eso yo digo que estos neonazis de los comanditos son herederos del Ku Kluz Klan”, comparó William Saab.
En la presentación del informe, concluyó que lo más importante es que se precalificarán delitos como homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles. Así como porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y terrorismo a los responsables.
