En los primeros seis meses del año, 1,5 millones de niñas y niños se convirtieron en pobres en Argentina, en tanto, 1,9 millones pasaron a ser indigentes. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 1 millón se va a dormir sin comer. En el caso de los jubilados –que en situación de pobreza también se cuentan por millones en Argentina– están, en su mayoría, desnutridos.
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La canasta de un jubilado rondaría, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad, en los 800 mil dólares mensuales. La jubilación mínima en agosto –que es la que cobran 5 millones de personas– fue de 225 millones 497 mil 54 dólares. Con el bono de 70 mil dólares esta cifra asciende a 295 mil dólares.
“Hay 5 millones de jubilados y pensionados que sin lugar a dudas están bajo la línea de pobreza en Argentina”, afirmó a diario Perfil Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. “A esto, en términos de pensiones, habría que sumarle 500 mil que cobran la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que es equivalente al 80% de lo que cobran los jubilados de la mínima; y 1 millón de personas con pensiones no contributivas que están aún peor, que están cobrando 220 mil pesos”.
Proyecto de ley para modificar el sistema de movilidad jubilatoria
El jueves el Senado aprobó un proyecto de ley para modificar el sistema de movilidad jubilatoria. El esquema previsto mantiene la actualización por inflación, pero a eso le suma un aumento del 8,1% como compensación por la inflación de enero. El proyecto prevé además que, si el índice de inflación queda debajo del de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), los jubilados reciban el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
El documento propone además que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) “garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la Canasta Básica Total por adulto multiplicado por 1,09”.
Javier Milei vetará aprobación del Senado
Desde la oficina del Presidente anunciaron en un comunicado que Javier Milei vetará lo que se aprobó en el Congreso.“El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, señalaron.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) –y en base a datos oficiales– las jubilaciones fueron las que más aportaron al superávit del Gobierno. “En los primeros siete meses de 2024, de cada 100 dólares ajustados, la mitad lo explican los recortes en jubilaciones ($27,7) y obra pública ($22,6). Le siguen los subsidios, que aportaron 15,2 dólares, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 11,6 dólares y prestaciones sociales con 9,5 dólares, entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), entre otros”, señalaron en su último informe.
La aplicación del proyecto aprobado en ambas cámaras, estiman desde la Oficina de Presupuesto del Congreso, requeriría una inversión del 0,45% del PIB. Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que esta ley “implica un gasto adicional del 1,2% del PIB”.
Los aumentos no alcanzarán
Sea como sea, aún aplicando lo previsto en el proyecto aprobado en el Congreso, los aumentos no alcanzarían para cubrir los gastos básicos de un jubilado. La Canasta Básica Total que calcula el Gobierno para un adulto, no contempla ítems específicos que la Defensoría de la Tercera Edad sí considera, como vivienda y medicamentos.
“La gran mayoría de los jubilados están, por lo menos, malnutridos. Más allá de las cantidades, a mayor edad se necesita una calidad diferente de nutrientes”, destacó Semino.
El defensor de la tercera edad agregó que entre el 80% y el 90% de las personas mayores son hipertensas o tienen problemas de colesterol, pero que la jubilación no es suficiente para comprar alimentos que por lo menos eviten empeorar esas condiciones.
“El jubilado hoy está tratando de llenarse de comida, comiendo alimentos que logran saciedad, pero con pocos nutrientes”. A eso hay que agregar la dificultad para conseguir medicamentos y el déficit de viviendas. “También, por el aumento de tarifas, empezaron a ahorrar en calefacción. Y ese ahorro de calefacción se transforma en patologías”.
Niños en Argentina crecen en condiciones de pobreza extrema
En el otro extremo, señalan en un informe de Infancias en Deuda, “el 71% (8,6 millones) de los niños y niñas de Argentina son pobres y el 34% (4,2 millones) crece en condiciones de pobreza extrema”. Eso significa, destacaron también, que en los primeros seis meses del año “más de 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes se convirtieron en pobres y casi 1,9 millones en indigentes”.
El documento titulado “Menos presupuesto para infancias cada vez más pobres” destaca también que los recursos destinados a los niños de Argentina son un 18% menos que en 2023, y que “la AUH y la Prestación Alimentar cubrieron el 77% de una Canasta Básica Alimentaria en los primeros 6 meses de 2024”, con lo cual “mejoraron al respecto de 2023, pero se encuentran lejos de 2021, que fue de un 98%”.
No hay mejoras en materia de educación
Entre las principales conclusiones señalan que el presupuesto orientado a políticas alimentarias disminuyó un 29% respecto a 2023, mientras programas como Abordaje de Curso de Vida (el principal en materia de salud) “es 12 veces inferior a lo ejecutado en 2021 y un 50% menos que lo ejecutado en 2023”. En materia de educación tampoco hay mejoras: se asignaron un 43% menos de recursos que el año pasado.
Así que, algunos programas presentan nula ejecución: es el caso de Gestión del Nivel Inicial y Secundario, ESI y Reinserción Escolar. En otros, como las Becas Progresar (-54,7%), Construcción de Jardines Infantiles (-43%) e Infraestructura Escolar (-63,5%) la ejecución se redujo considerablemente.
Desde Infancias en Deuda y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron sobre la urgencia de que el Estado “tome medidas para aumentar los recursos que garantizan los derechos de este grupo”.
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